Sin razones para la paz

Publicado por Jaume Asens Llodrà, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de abogados de Barcelona y por  Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, el martes 7 de octubre de 2008, en el periódico Público.

En él último mes se han sucedido una serie de acontecimientos que condicionan severamente el horizonte político y la paz social en el País Vasco y en el conjunto del Estado. El grave atentado de ETA ha sido el último, pero no el único. Con anterioridad, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS) aportaron su cuota vetando la ley de consulta vasca, ilegalizando a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y cerrando el cerco a las Gestoras pro-amnistía. Estas decisiones fueron celebradas por el Gobierno y por el Partido Popular como una respuesta firme al terrorismo, a sus cómplices y a los caprichos electorales de la Lehendakaritza vasca. Todas, sin embargo, se fundaban en una concepción a todas luces restrictiva, tanto del pluralismo político y del principio democrático como del propio garantismo penal. Tras la reaparición de ETA, en realidad, el actual marco constitucional y legal se presenta como un corsé incapaz de dar una respuesta limpia a la cuestión de la diversidad nacional y cultural del Estado y favorecedor, sobre todo, de las alternativas más irracionales y sectarias.

La ilegalización de ANV y del PCTV ha venido a reforzar la impresión de que la ley de partidos no es más que un instrumento ad hoc que solo opera respecto de quienes pretenden trascender el marco constitucional y según las conveniencias políticas del momento. De lo que se trata, así, es de imponer un veto más o menos discrecional sobre los sectores mayoritarios de la izquierda abertzale e intimidar a quienes persigan fines o sostengan ideas similares. Poco importa que el partido en cuestión renunciara a la violencia en sus estatutos, como ocurría con el octogenario ANV, o que hubiera apostado explícitamente por vías políticas para impulsar sus principios, como el PCTV. Basta con que haya mantenido contactos con miembros de otro partido ilegalizado o que se niegue a “condenar” la violencia en los mismos términos que el PSOE y el Partido Popular, para que se desencadenen sobre él decenas de sanciones, suspensiones y vetos preventivos.

¿Cuál es el sentido de este afán punitivo? ¿Se piensa acaso que servirá para convertir de la noche al día a casi el 15% de la población vasca a las estrategias discursivas y a los puntos de vista de los partidos estatales mayoritarios? La propia Constitución establece que el objetivo de los partidos es expresar, no el consenso, sino el pluralismo político. ¿Cómo se puede forzar a un partido como ANV, con una larga tradición abertzale, a no mantener relaciones con miembros de otras formaciones afines sin sacrificar el derecho de participación política o de asociación? ¿Cómo se puede obligarles a expresarse de una manera u otra sin recortar su libertad ideológica? ¿Qué se pretende que hagan los miembros de partidos ilegalizados cuya capacidad de actuación política queda segada de antemano?

Algo similar puede decirse de la sentencia del TC que frenó la ley de consulta. El objetivo era sencillo: recabar la opinión de la ciudadanía vasca en torno a un acuerdo democrático sobre el “derecho a decidir”, previa renuncia inequívoca de ETA a la violencia. Según el TC, sin embargo, la propuesta no podía prosperar, porque se trataba de un referéndum en toda regla y necesitaba, por tanto, autorización del Estado central. Lo cierto es que, en el caso español, las consultas populares son frecuentes en el ámbito municipal, mientras que en otros países como Alemania, Estados Unidos, México o Suiza, se recurre a ellas también en ámbitos subestatales más amplios. Para el TC, esto último no podría obtenerse sino a través de una reforma de los Estatutos o de la propia Constitución. Esta afirmación, empero, oculta que en aplicación del principio democrático el propio Estado central podría transferir la competencia en la materia a las Comunidades Autónomas, como establece el artículo 150.2. ¿Por qué no se hace? Consultar, después de todo, no presupone un resultado. Un debate amplio sobre el “derecho a decidir” podría llevar a modificar, pero también a mantener, la actual relación entre el País Vasco y el Estado central. ¿Qué se teme en realidad?

En el fondo, tanto las sentencias del TS como la del TC reflejan una enorme falta de confianza en el propio principio democrático. La aplicación abusiva de la ley de partidos, la ilegalización de Gestoras, el macro-proceso 18/98 contra movimientos sociales nacionalistas y no nacionalistas, solo consiguen apuntalar las tesis de los más violentos y debilitar a quienes buscan alternativas pacíficas a la situación actual. El veto a la ley de consulta cumple un papel parecido. Lejos de ser, como se querría, un simple capricho del lehendakari Ibarretxe, había sido apoyada también por Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar. Eso sin contar al sector no desdeñable de la sociedad vasca que comparte el fin pero cuestiona la ingenuidad o la insuficiencia del medio. ¿Por qué un sistema que asegura sostenerse sobre la democracia representativa debería priorizar el statu quo que propugna una minoría parlamentaria que –aunque relevante– se opone a este tipo de iniciativas?

En realidad, este tipo de actuaciones tiene beneficiarios muy concretos. Desde luego, ETA, que tendrá más posibilidades de arrastrar a su lógica de desprecio por la vida a muchos de los que se han quedado sin espacio efectivo para hacer política. Pero también el nacionalismo español, cuyas obsesiones, no condenas o silencios nunca son objeto de ilegalización, y cuyo “derecho a decidir” –sobre sí y sobre los demás– se asegura día a día. Nada de esto, como es evidente, mejorará la convivencia ni traerá la paz. La mayoría de la derecha española y una parte de la izquierda pueden sentirse complacidas. Pero, ¿y el resto? Cuando las alternativas razonables se bloquean: ¿dónde se puede colocar el propio compromiso con la profundización democrática, el pluralismo político y el garantismo jurídico?

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Publicado por Jaume Asens Llodrà, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de abogados de Barcelona y por  Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, el martes 7 de octubre de 2008, en el periódico Público.

En él último mes se han sucedido una serie de acontecimientos que condicionan severamente el horizonte político y la paz social en el País Vasco y en el conjunto del Estado. El grave atentado de ETA ha sido el último, pero no el único. Con anterioridad, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS) aportaron su cuota vetando la ley de consulta vasca, ilegalizando a Acción Nacionalista Vasca (ANV) y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y cerrando el cerco a las Gestoras pro-amnistía. Estas decisiones fueron celebradas por el Gobierno y por el Partido Popular como una respuesta firme al terrorismo, a sus cómplices y a los caprichos electorales de la Lehendakaritza vasca. Todas, sin embargo, se fundaban en una concepción a todas luces restrictiva, tanto del pluralismo político y del principio democrático como del propio garantismo penal. Tras la reaparición de ETA, en realidad, el actual marco constitucional y legal se presenta como un corsé incapaz de dar una respuesta limpia a la cuestión de la diversidad nacional y cultural del Estado y favorecedor, sobre todo, de las alternativas más irracionales y sectarias.

La ilegalización de ANV y del PCTV ha venido a reforzar la impresión de que la ley de partidos no es más que un instrumento ad hoc que solo opera respecto de quienes pretenden trascender el marco constitucional y según las conveniencias políticas del momento. De lo que se trata, así, es de imponer un veto más o menos discrecional sobre los sectores mayoritarios de la izquierda abertzale e intimidar a quienes persigan fines o sostengan ideas similares. Poco importa que el partido en cuestión renunciara a la violencia en sus estatutos, como ocurría con el octogenario ANV, o que hubiera apostado explícitamente por vías políticas para impulsar sus principios, como el PCTV. Basta con que haya mantenido contactos con miembros de otro partido ilegalizado o que se niegue a “condenar” la violencia en los mismos términos que el PSOE y el Partido Popular, para que se desencadenen sobre él decenas de sanciones, suspensiones y vetos preventivos.

¿Cuál es el sentido de este afán punitivo? ¿Se piensa acaso que servirá para convertir de la noche al día a casi el 15% de la población vasca a las estrategias discursivas y a los puntos de vista de los partidos estatales mayoritarios? La propia Constitución establece que el objetivo de los partidos es expresar, no el consenso, sino el pluralismo político. ¿Cómo se puede forzar a un partido como ANV, con una larga tradición abertzale, a no mantener relaciones con miembros de otras formaciones afines sin sacrificar el derecho de participación política o de asociación? ¿Cómo se puede obligarles a expresarse de una manera u otra sin recortar su libertad ideológica? ¿Qué se pretende que hagan los miembros de partidos ilegalizados cuya capacidad de actuación política queda segada de antemano?

Algo similar puede decirse de la sentencia del TC que frenó la ley de consulta. El objetivo era sencillo: recabar la opinión de la ciudadanía vasca en torno a un acuerdo democrático sobre el “derecho a decidir”, previa renuncia inequívoca de ETA a la violencia. Según el TC, sin embargo, la propuesta no podía prosperar, porque se trataba de un referéndum en toda regla y necesitaba, por tanto, autorización del Estado central. Lo cierto es que, en el caso español, las consultas populares son frecuentes en el ámbito municipal, mientras que en otros países como Alemania, Estados Unidos, México o Suiza, se recurre a ellas también en ámbitos subestatales más amplios. Para el TC, esto último no podría obtenerse sino a través de una reforma de los Estatutos o de la propia Constitución. Esta afirmación, empero, oculta que en aplicación del principio democrático el propio Estado central podría transferir la competencia en la materia a las Comunidades Autónomas, como establece el artículo 150.2. ¿Por qué no se hace? Consultar, después de todo, no presupone un resultado. Un debate amplio sobre el “derecho a decidir” podría llevar a modificar, pero también a mantener, la actual relación entre el País Vasco y el Estado central. ¿Qué se teme en realidad?

En el fondo, tanto las sentencias del TS como la del TC reflejan una enorme falta de confianza en el propio principio democrático. La aplicación abusiva de la ley de partidos, la ilegalización de Gestoras, el macro-proceso 18/98 contra movimientos sociales nacionalistas y no nacionalistas, solo consiguen apuntalar las tesis de los más violentos y debilitar a quienes buscan alternativas pacíficas a la situación actual. El veto a la ley de consulta cumple un papel parecido. Lejos de ser, como se querría, un simple capricho del lehendakari Ibarretxe, había sido apoyada también por Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar. Eso sin contar al sector no desdeñable de la sociedad vasca que comparte el fin pero cuestiona la ingenuidad o la insuficiencia del medio. ¿Por qué un sistema que asegura sostenerse sobre la democracia representativa debería priorizar el statu quo que propugna una minoría parlamentaria que –aunque relevante– se opone a este tipo de iniciativas?

En realidad, este tipo de actuaciones tiene beneficiarios muy concretos. Desde luego, ETA, que tendrá más posibilidades de arrastrar a su lógica de desprecio por la vida a muchos de los que se han quedado sin espacio efectivo para hacer política. Pero también el nacionalismo español, cuyas obsesiones, no condenas o silencios nunca son objeto de ilegalización, y cuyo “derecho a decidir” –sobre sí y sobre los demás– se asegura día a día. Nada de esto, como es evidente, mejorará la convivencia ni traerá la paz. La mayoría de la derecha española y una parte de la izquierda pueden sentirse complacidas. Pero, ¿y el resto? Cuando las alternativas razonables se bloquean: ¿dónde se puede colocar el propio compromiso con la profundización democrática, el pluralismo político y el garantismo jurídico?