Informe del judici contra els activistes navarresos anti-TAV

Informe del judici contra els activistes navarresos anti-TAV

Com a part de la seva activitat de defensa dels Drets Humans, l’ACDDH procura assistir a judicis on es posen en joc els drets i les llibertats fonamentals,  acreditant l’interès d’observació. Publiquem ara l’Informe Jurídic redactat pel company de l’ACDDH, August Gil, qui va contemplar en qualitat d’observador el judici oral sobre el Sumari 2/2012. El Jutjat Central núm. 1 va celebrar la vista del judici el dia 18 de novembre de 2013. La Sentència condemnatòria va ser dictada el dia 27 de novembre.

 

Informe Jurídico sobre la Sentencia de la Sección 1.ª de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha 27 de noviembre de 2013, recaída en Sumario 2/2012, del Juzgado Central n.º 1, seguido por el delito de atentado contra la autoridad a denuncia de Yolanda Barcina Angulo

El presente informe se emite por el Letrado que suscribe en calidad de observador acreditado por la “Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans” en el juicio celebrado en Madrid en 18 de noviembre de 2013.

Sin pretender efectuar un estudio exhaustivo del presente caso, por otra parte ampliamente conocido y divulgado por los medios de comunicación, el informe se centrará en comentar los aspectos jurídicos que se consideran más relevantes y polémicos de la sentencia dictada en la presente causa, en relación con la prueba practicada en el acto del juicio y la legislación aplicable. Concretamente, me referiré a las cuestiones siguientes: a) competencia, b) cosa juzgada, y c) tipificación del hecho.

a) La cuestión de competencia

Los hechos encausados – los “tartazos” contra la Presidenta de Navarra Yolanda Barcina – se produjeron el día 27 de octubre de 2011 en un acto celebrado en la ciudad de Toulouse, Francia, es decir, en principio, fuera de la competencia de la jurisdicción penal española.

No obstante, la justicia española tiene atribuida, con caracter excepcional y en determinadas circunstancias, la competencia para juzgar ciertas conductas delictivas producidas en territorio extranjero, cuando los imputados sean de nacionalidad española. Asi lo dispone el art. 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre que se den los requisitos siguientes: a) que el hecho sea punible, es decir, que la conducta perseguida esté tipificada como delito en el lugar de la ejecución; b) que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles; y c) que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

En el caso que nos ocupa, el procedimiento seguido contra los imputados en España se inició a instancia de la agraviada por unos hechos que calificaba de “atentado a la autoridad”, delito que no existe en el Código Penal francés. Por consiguiente, la justicia española no debió admitir ab initio su competencia para conocer, procesar y juzgar unos hechos que, como atentado a la autoridad, no son punibles en Francia.

En todo caso, los tribunales españoles podrían haberse declarado competentes para conocer y juzgar los hechos ocurridos en Toulouse en cuanto pudieran ser constitutivos de algún tipo de violencia o agresión contra la persona de la Sra. Barcina, independientemente de su condición de autoridad, y que pudieran ser punibles en el lugar de ejecución. A este respecto hemos de señalar que la Sentencia que comentamos asegura, en su Fundamento Jurídico tercero, que “la víctima es golpeada hasta tres veces con unas tartas. No son objetos peligrosos, ni aptos para causar lesiones, pero sí supusieron una violencia corporal”. Es decir, que de haberse seguido el procedimiento por los hechos sobre los que la justicia española sería competente, la agresión sufrida por la víctima, como persona, no como autoridad, los imputados hubieran sido condenados en el peor de los casos por una falta contra las personas del art. 617.2 del Código Penal español, sancionable con arresto domiciliario de dos a seis días o multa de 10 a 30 días.

La Sentencia que comentamos pretende eludir la excepción de falta de competencia alegando lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el principio de protección, con arreglo al cual el Estado español se reserva la competencia para perseguir hechos cometidos fuera de sus fronteras, con independencia de la nacionalidad del autor, cuando lesionan intereses del propio estado, incluyendo entre ellos los susceptibles de tipificarse según la Ley española como delitos de “atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles”.

Sin embargo, entendemos que esta disposición lo único que hace es extender la competencia de los tribunales españoles tambien sobre ciudadanos extranjeros por hechos cometidos en el extranjero, en relación con unos tipos delictivos concretos. Ello no significa que la persecución de estos delitos escape a las reglas y condiciones que para la competencia de los tribunales españoles establece con caracter general el art 23.2 de la LOPJ. No podemos compartir el criterio de la Sentencia en el sentido de que la aplicación del principio de protección del interés del estado hace innecesario acreditar la punibilidad de los hechos en el lugar de la ejecución. Con el mismo criterio, se llegaría al absurdo de considerar igualmente innecesario tomar en consideración el principio de cosa juzgada en el extranjero, simplemente porque el art. 23.3 no reitera explícitamente los requisitos establecidos en el 23.2 para determinar la competencia de la justicia española.

Por todo ello, entendemos que la excepción de falta de competencia de la jurisdicción española, alegada por la defensa en el presente caso, debió haber sido estimada por el tribunal sentenciador.

b) La excepción de cosa juzgada.

La Sentencia que comentamos reconoce expresamente que los hechos enjuiciados dieron lugar a la apertura de unas diligencias judiciales de investigación en Francia, dirigidas por el Ministerio Fiscal contra los presuntos autores, de acuerdo con las normas de procedimiento vigentes en el país vecino. Concluidas las diligencias, el Tribunal de Gran Instancia de Toulouse, competente por razón del lugar de comisión de los hechos, dictó en 20-01-2012 Auto de archivo de la causa, figurando como motivo: infracción insuficientemente caracterizada. Dicho Auto fue aportado por la defensa como nuevo documento de prueba al inicio del acto del juicio oral, y sirvió de base para plantear la excepción de cosa juzgada en sus conclusiones definitivas.

La Sentencia de la Audiencia Nacional desestima la excepción de cosa juzgada, pese a reconocer la autenticidad y la validez del Auto de archivo dictado por el tribunal francés y del que existía ya constancia en la causa en su folio 330, puesto que había sido comunicado en fecha 23-02-2012 a las autoridades españolas a través del Magistrado de enlace de Francia en España. Para el juzgador español la mención que se hace en el Auto de archivo de la infracción como “insuficientemente caracterizada” debe interpretarse en el sentido de que no ha habido pronunciamiento sobre el fondo y ello hace que la cosa juzgada no pueda operar en este caso. De forma totalmente gratuita y sin el menor apoyo probatorio, el juzgador infiere que si se remitió a las autoridades españolas copia del Auto de archivo y de las investigaciones seguidas en Francia fue precisamente porque al tener conocimiento de que se había abierto un procedimiento también en España la justicia francesa decidió no ejercitar la acción penal. Esta interpretación del Auto de archivo es totalmente incongruente con la documentación obrante en la causa. En ningún momento se acredita que la justicia francesa decidiera no ejercitar la acción penal para traspasar el tema a los tribunales españoles. De ser así, constaría expresamente en la resolución del tribunal francés que el motivo del archivo se debía únicamente a que habiéndose iniciado actuaciones penales en otro Estado por los mismos hechos, la justicia francesa renunciaba a seguir la acción penal, sin hacer pronunciamiento alguno sobre el fondo. Lo cierto es que se ha acreditado todo lo contrario: la justicia francesa, mediante el Ministerio Público, ejercitó efectivamente

la acción penal por los hechos ocurridos en Toulouse en 27-10-2011, que concluyó con una resolución judicial de archivo fundamentada en que los hechos no constituían una infracción suficientemente caracterizada, es decir, no tipificada como delito según el ordenamiento jurídico francés.

Es indiscutible que un auto de archivo que declara que los hechos enjuiciados no son constitutivos de delito produce los efectos de cosa juzgada, por el principio ne bis in idem, consagrado en el art.14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e incluído por la doctrina constitucional entre las garantías del art. 25.1 de la Constitución española. Por consiguiente, la excepción de cosa juzgada planteada por la defensa debió ser estimada por el tribunal sentenciador.

c) La tipificación del hecho

Desestimadas las excepciones alegadas – falta de competencia y cosa juzgada – la sección 1ª de la Audiencia Nacional entra en la cuestión de fondo, y tipifica los hechos como constitutivos de un delito de atentado a la autoridad, sancionado en el art. 550 del Código Penal, en el tipo agravado de su apartado 2º, en atención a que el sujeto pasivo es miembro del Gobierno de una Comunidad Autónoma.

No podemos dejar de señalar que la presencia del delito de atentado a la autoridad, dentro del ordenamiento penal vigente en España, constituye un anacronismo, que nos remite a una concepción predemocrática del Estado de Derecho, según la cual determinadas personas por razón de su nacimiento, su clase social o su pertenencia a las élites del poder se distinguían del resto de la ciudadanía por el disfrute de determinados privilegios jurídicos. Desde una posición progresista del derecho y por respeto al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, hemos de manifestar nuestro repudio a todo tipo de tratamiento sancionador diferenciado en atención a la condición de autoridad de la víctima de una infracción penal. De hecho, el artículo 550 del Código Penal español, que otorga una protección penal extraordinaria a las autoridades políticas o judiciales, mediante la aplicación de unas penas desproporcionadamente elevadas , por simples hechos de acometimiento, intimidación o resistencia, es una norma absolutamente excepcional dentro del ámbito europeo, compartida tan solo con Turquía, que debería ser suprimida de la legalidad vigente.

En conclusión, el Letrado que suscribe considera contraria a derecho la condena impuesta a los cuatro imputados en la causa, por la concurrencia de las excepciones procesales a las que se ha hecho mención, y gravemente desproporcionada en términos de justicia material, por lo que entiende que procede el Recurso de Casación contra la misma ante el Tribunal Supremo.

August Gil Matamala, Abogado

Barcelona, diciembre de 2013