La AED ha tenido conocimiento que el día 10/2/2020 tuvo lugar el juicio por delito de calumnias contra Lorena Ruiz- Huerta por unas declaraciones en televisión en el 2014, fecha en que era abogada en ejercicio y miembro de ALA, en las que manifestó que en el ejercicio de su profesión como letrada del Turno de Oficio había tenido conocimiento de la práctica habitual de actuaciones lesivas contra los derechos de las personas detenidas por parte de los cuerpos policiales. La abogada fue denunciada y acusada por el delito de calumnias, por parte del Sindicato Unificado de Policía, la Unión de Guardias Civiles y la Unión Federal de Policía, así como de la Fiscalía.
Por otro lado, la AED también ha tenido conocimiento de la denuncia de tres sindicatos de funcionarios de prisiones de Catalunya contra Iñaki Rivera, Director del Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans (OSPDH), y del proyecto SIRECOVI de la Universidad de Barcelona, profesor de Derecho e investigador, por haber manifestado en un programa televisivo que en las prisiones de Cataluña existía la práctica de la tortura, los malos tratos y las vejaciones. La criminalización de este jurista defensor de los derechos humanos, mereció el apoyo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en un pronunciamiento conjunto de 21/12/2018. En él, alertaron del efecto inhibitorio del uso indebido del derecho penal contra las declaraciones y los mensajes protegidos por la libertad de expresión e información. El 16/9/2019 la Organización Mundial de la Tortura (OMCT) realizó un nuevo llamado urgente.
La AED muestra su apoyo a ambos profesionales y denuncia la criminalización de los abogados y de los juristas en el ejercicio de su profesión y de su acción de denuncia sobre la vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales, incluida la práctica de la tortura y de los malos tratos por parte de funcionarios públicos. La divulgación crítica de estas prácticas forma parte del compromiso de la abogacía con la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y está amparada por la libertad de expresión y de información, colaborando a informar la ciudadanía y al debate público sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, según el punto 23 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (VIII Congreso de NNUU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente –La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990-) y como proclama, entre otras, la STEDH de la Gran Cámara en el caso Morice contra Francia.
Barcelona a 15 de febrero de 2020